Opinión: “De las arcas públicas al activismo judicial: aportes insospechados de los fondos del CONACYT”

Uno de los compromisos que el actual presidente de México cacareó al inicio de su administración, al estilo de esos que en su campaña electoral prometió con el slogan “Te lo firmo y te lo cumplo”, fue lograr para 2018 destinar el 1% del producto interno bruto a ciencia y tecnología; no obstante, el 2017 llegó con un recorte del 23.3% (en términos reales con respecto a 2016) al presupuesto del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT).

Si esta situación dada a conocer desde finales del año pasado ya era preocupante para comunidades como la académica, no pasaron ni los 31 días del pasado mes de enero antes de que nos enteráramos del segundo golpe: todos los fondos que anteriormente el CONACYT destinaba y eran tasados en salarios mínimos, lo serán ahora en “Unidades de Medida y Actualización” (UMAs).

En términos reales el monto del salario mínimo siempre ha resultado raquítico pues difícilmente alcanza siquiera para adquirir la canasta básica. Frente a ello, desde 2014 el gobierno federal posicionó en la opinión pública el argumento de que esta situación se debía a que era utilizado como medida de cuenta para indexar diversos montos, desde multas de tránsito hasta becas públicas, y por lo tanto para poder elevarlo era necesario que fuera lo que su propio nombre indica: la retribución mínima que se debe dar a los trabajadores. Así, presentó una iniciativa de ley para establecer las UMAs como medida base de cuantía, pero su monto es inferior al del salario mínimo.

Sólo por mencionar un caso, la implementación de la UMA repercutió en el monto de las becas otorgadas por CONACYT y trajo como consecuencia el reclamo de los y las estudiantes que somos beneficiarias, principalmente de posgrado, puesto que se nos exige dedicación exclusiva a los programas con la consiguiente renuncia a un puesto de trabajo y la dependencia de la beca tanto para subsistir como para desarrollar nuestras investigaciones. Pero la reflexión no se queda en una afectación personal, estamos conscientes de que tanto la reducción del presupuesto de CONACYT como el impacto negativo de la UMA son engranajes de una política de Estado que pretende privatizar la educación pública, pues en días pasados además se ha dado a conocer que también el número de becas se está reduciendo.

Todas las acciones que se han llevado a cabo en protesta por esta política neoliberal tales como marchas, ferias de la ciencia, comunicados y videos difundidos por redes sociales, que en la mayoría de los casos han sido iniciativa de las y los estudiantes de posgrado, han enfatizado que la inversión en ciencia y tecnología, así como en la educación pública y gratuita en términos generales, no es prescindible en nuestra sociedad. Para generar conciencia respecto de la importancia de destinar presupuestos suficientes a la investigación, en estas acciones se han ponderado los aportes en el desarrollo de tecnología o en ciencias aplicadas tales como la medicina, pero sin negarles importancia quisiera reseñar brevemente lo que me parece es un aporte insospechado de los fondos de CONACYT que también se vería afectado.

Yo soy estudiante de doctorado y becaria de CONACYT pero también formo parte del Colectivo Emancipaciones, conformado por jóvenes investigadoras e investigadores que buscamos construir conocimiento y prácticas del derecho y las humanidades basadas en la interdisciplina, partiendo de una posición política comprometida con movimientos sociales progresistas y desde el acompañamiento judicial de procesos sociales en donde la defensa de los derechos humanos sea relevante.

Desde la conformación del Colectivo en 2011, nos hemos involucrado con las luchas de comunidades indígenas por el respeto y garantía de su derecho a la libre determinación y a la consulta previa, libre e informada, a través de estrategias político-jurídicas construidas junto con las comunidades. Para lograrlo hemos echado mano de nuestra formación académica, particularmente de la adquirida en los posgrados que hemos podido realizar gracias a las becas de CONACYT, y por lo tanto procuramos mantener una perspectiva crítica frente al derecho que se aleje de la concepción positivista y del fetichismo jurídico, para dar paso a una práctica legal que dé un lugar central al diálogo intercultural permanente con las comunidades y que ponga el derecho del Estado al servicio de la política de los movimientos sociales. Aunado a ello, el acompañamiento activista que hemos realizado es totalmente gratuito para las comunidades.

Entre los resultados más destacados de esta labor figuran los litigios junto con las autoridades comunitarias y tradicionales de Cherán, Pichátaro, Santa Clara del Cobre y recientemente San Felipe de los Herreros, todas comunidades purépechas de la provincia de Michoacán, ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la Suprema Corte de Justicia de la Nación. De ellos han derivado los primeros precedentes a nivel nacional e incluso latinoamericano de reconocimiento del municipio indígena que no se rige por un presidente municipal, síndicos y regidores, estructura constitucional del Ayuntamiento, sino por autoridades tradicionales elegidas mediante usos y costumbres; del carácter vinculatorio del resultado de las consultas hechas a pueblos indígenas; o de su derecho a administrar directamente la parte del presupuesto que les corresponde cuando son submunicipalidades.

Aunado a ello, hemos colaborado con los pueblos originarios de Xochimilco, Ciudad de México, en su lucha por la elección a través de usos y costumbres de su representante ante la Delegación; comunidades de Yucatán y Morelos se han acercado a nosotros interesados por el activismo que realizamos; e incluso comunidades en Guerrero ya se han beneficiado de los precedentes que hemos generado.

Estos criterios a su vez se han traducido en nuevas formas de democracia sin partidos políticos; en la protección de las instituciones sociales y culturales de los pueblos indígenas, históricamente motivo de discriminación; en la posibilidad de que ejerzan presupuestos elaborados a partir de las necesidades y cosmovisiones de las comunidades y no de burócratas; y en una participación efectiva de la población indígena en las decisiones que toma el Estado respecto de sus derechos y sus vidas mismas.

Aunado a ello, nuestro activismo se ha fusionado con proyectos de investigación que buscan explicar esta nueva realidad de las comunidades indígenas y de los usos del derecho; hemos abierto foros en los cuales damos a conocer nuestro trabajo y damos voz a los protagonistas de los movimientos, a la vez que sirven como espacio de encuentro entre diferentes experiencias de lucha.

Todo esto difícilmente hubiera podido ser una realidad sin las becas para estudiantes y los sueldos para profesores del Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT, pues los recursos empleados ya sea directamente para proyectos o sólo como ingreso, nos han permitido hacer no investigación acción, sino verdadero activismo que se fusiona con la producción de conocimiento académico políticamente comprometido.

La experiencia del Colectivo no es la única, está la de otros grupos para quienes los fondos del CONACYT también son importantes en el desempeño de su labor como es el caso del Grupo de Investigación en Antropología Social y Forense, que ha acompañado a movimientos de familiares de personas víctimas de desaparición forzada en la búsqueda de fosas clandestinas, y ante la ineptitud y corrupción de las autoridades en el manejo de los restos, les han brindado capacitación en antropología forense.

¿Por qué vale la pena defender los financiamientos de CONACYT? Además de todas las razones que ya se han dado en las acciones de protesta, yo añadiría que otro motivo central radica en que las y los investigadores no sólo producimos conocimiento, a veces también contribuimos a transformar la realidad social mexicana.

Erika Bárcena Arévalo

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